Quizás en estos largos días de crisis económica, social e institucional, lo único que puede consolar al "pequeño ahorrador" (de existir) es que el EURÍBOR mensualmente ha ido bajando en los últimos meses y le ha permitido ahorrar en su hipoteca algunos euros.
Sin embargo y al hilo de lo publicado hace pocos días sobre la ley hipotecaria en España por organismos europeos, según datos presentados por el informe del Banco de España al Senado, más de un tercio del total de las hipotecas en España tiene una cláusula suelo que puede oscilar entre el 1,5 y el 4 por ciento, lo que supone que al menos 4 millones de préstamos hipotecarios están sometidos a "otros tipos de interés".
Según AUSBANC más de un centenar de entidades financieras han sido denunciadas por cláusulas suelo abusivas, donde el contratante apenas fue informado convenientemente del producto a contratar ni de los tipos a aplicar que tendrían que haberse pactado entre entidad y cliente.
Este es uno de los principales problemas de nuestro sistema bancario: opacidad en la información, falta de acuerdo real sobre los productos ofertados e indefensión del cliente que debiera tener unos derechos garantizados por ley que primasen sobre la contratación del producto.
Ocurre lo mismo con el caso de las preferentes e igual con la contratación de seguros de cobertura de tipo de interés con máximos y mínimos (techo y suelo) que determinadas entidades obligaban a firmar a sus clientes como condición para la novación (bajada) de tipos de interés en las hipotecas ofertadas, de manera que para reducir de un 1,15% a un 0,45% el cliente debía firmar por un mínimo de 18 meses este tipo de swaps, que actuaban como seguros sobre el tipo de interés, en un contexto de bajada de tipos y de esa manera la entidad recibía de media unos 700 euros trimestrales del cliente, mientras el cliente veía bajar su cuota semestral hipotecaria, pero a la vez debía pagar al banco dicha cantidad en concepto de intereses por el swap contratado sin haber pactado de forma expresa ni el tipo máximo ni el tipo mínimo aplicables.
Cuando el cliente por fín consigue salir de esta "espiral de usura" a la que "su banco" le somete, se encuentra con las cuotas anuales de las tarjetas bancarias, que en muchos casos (por no decir en casi todos) los bancos cobran por adelantado y luego de que el cliente las reclame, se le devuelven los más de 30 euros anuales (VISA) o más de 12 euros (Débito) de coste en media.
Pero durante ese tiempo "su banco" dispone de un dinero de su cliente que no se corresponde con el cobro de un servicio.
Todo éllo sin estimar las elevadas comisiones bancarias que se cobran. Lo último es el cobro de Bankia de más de 3 euros por el hecho de que cualquier persona haga un ingreso en efectivo en tu cuenta (no hablamos de cheques o transferencias bancarias).
Ni tampoco considerar la razón de que el coste sobre un mismo seguro (del hogar, personal...) en la entidad aseguradora casi siempre es sensiblemente inferior que dicho coste en el banco donde te ofrecen/obligan a contratar el seguro en cuestión.
Esta es sólo una imagen de nuestro "estupendo sistema bancario". Lamentablemente la foto completa es apaisada y mucho menos contemplativa, en casos totalmente dramática y destructiva como es el de los desahucios o el del lamentable asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca o crédito personal. Finalmente el cliente se suele autoasesorar tras "sufrir" el producto....
Por otro lado, si nos damos un paseo por la plaza del pueblo, podemos contemplar como nuestro fabuloso Ayuntamiento establece un Impuesto sobre Recogida de Residuos que puede ser nuevo en muchas ciudades, o incluso puede suponer una subida del 600% como ocurrió en el caso de la localidad de Benalmádena a finales de 2011 por parte del Gobierno municipal del PSOEIU, hecho denunciado como abusivo por el PP de dicha localidad.
Esto suponía pasar de pagar una media de 42 euros a 240 euros para no empadronados y una subida de más del 100% para empadronados.
De manera que la tasa que originariamente creó la UE por directiva y cuyo objeto era penalizar el exceso de generación de basura, se convierte en recursos municipales originados por una tasa con objeto meramente recaudatorio y que discrimina entre habitantes de una misma localidad,no por el volumen de residuos generado sino por su padrón.
Una vez en junio, el PP de dicha localidad accede al poder municipal y mantiene lo que había considerado abusivo. Sin embargo en octubre decide rebajar de 240 euros a 190 euros dicha subida monstruosa pero mantiene ese margen del 480% de subida.
La Defensora del Pueblo asegura en escrito que se actúa conforme a ley.
Y el ciudadano de a pie se pregunta, si quitando el límite confiscatorio que marca la Constitución Española en su art. 31, cualquier Gobierno Municipal puede establecer subidas ad infinitum sobre sus ciudadanos, por agujeros en sus cajas o por deudas igual de infinitas (mala gestión).
Como se puede apreciar, en España hacemos nuestro uso particular de la norma europea o de los avances que en otros países suponen el tener una política común en muchas áreas y aquí se funciona en muchos casos en contra del interés legítimo del cliente, contribuyente, trajabador....y fácilmente se hace de una capa un sayo.
Para romper esta tendencia perniciosa a lo que algunos pretenden llamar equilibrio, es necesario contribuir a una reforma integral de estos sistemas, a una política municipal transparente y por supuesto a un sistema crediticio que proteja a los ciudadanos de lo que pretende ser el auténtico poder fáctico.
